El artículo publicado por la Florence School of Regulation (FSR) propone una serie de medidas para reducir la complejidad regulatoria en las políticas energéticas y climáticas europeas sin debilitar sus objetivos ambientales.
El documento parte de una constatación: la normativa energética de la Unión Europea se ha vuelto demasiado densa y fragmentada, como resultado de la proliferación de iniciativas —mercado interior, sostenibilidad, seguridad de suministro— y de las tensiones entre los distintos niveles institucionales (Comisión, Parlamento, Estados miembros y autoridades nacionales). Este entramado puede ralentizar inversiones y elevar los costes administrativos para empresas y administraciones, afectando a la velocidad de la transición energética.
La FSR identifica tres ámbitos donde una simplificación inteligente puede generar beneficios tangibles. Primero, la racionalización de los mecanismos de capacidad eléctrica, sustituyendo la participación transfronteriza explícita por una forma implícita más fácil de aplicar, que reduce costes y acelera la inversión en redes. Segundo, la optimización del proceso de selección de los Proyectos de Interés Común en el marco de las redes transeuropeas de energía, eliminando pasos redundantes y fortaleciendo la cooperación regional para acelerar la ejecución de infraestructuras críticas. Tercero, la revisión del mecanismo de reserva de estabilidad del mercado de carbono del EU ETS, sustituyendo el actual sistema basado en volúmenes por uno activado por precios, más predecible y transparente.
El artículo también analiza cómo mejorar la gobernanza regulatoria. Propone transferir ciertas competencias a entidades europeas como ENTSO-E o ACER para reforzar la supervisión y reducir la fragmentación, especialmente en procesos que involucran a todos los operadores de red. Asimismo, aboga por revisar la distribución de costes y beneficios en la expansión de infraestructuras eléctricas y simplificar el acceso a fondos climáticos, actualmente infrautilizados por su complejidad.
Además, los autores advierten que una simplificación mal planteada puede generar nuevos riesgos si se eliminan normas sin evaluar su función o interdependencia. Por ello, recomiendan que cualquier reforma se base en evidencia empírica y se acompañe de mecanismos de revisión periódica. La simplificación debe ser un proceso dinámico, que permita adaptar la regulación a los avances tecnológicos, las nuevas formas de participación ciudadana y las necesidades de inversión sostenible. En este sentido, una regulación más clara y coherente puede mejorar la competitividad de las empresas europeas, facilitar la innovación y reforzar la confianza de los inversores en los objetivos del Pacto Verde.
Por último, los autores sugieren líneas de investigación futuras sobre la simplificación en ámbitos como la participación ciudadana, la regulación de emisiones de metano o la ciberseguridad, donde la acumulación de normas puede generar cargas innecesarias. El documento concluye que una agenda de simplificación basada en evidencia puede fortalecer, y no debilitar, el Pacto Verde Europeo, al permitir una regulación más eficaz, coherente y adaptada a los desafíos de la transición energética.
