La fijación de precios al carbono constituye un instrumento de política para estimular la mitigación del cambio climático en las diferentes economías contribuyendo a hacer más eficiente la transición hacia unas economías bajas en carbono y a sociedades resilientes a los efectos que se derivan del proceso de calentamiento global. Con el objetivo de contribuir al análisis de las diferentes opciones de política existentes y proveer las oportunas orientaciones técnicas para la selección, diseño y eventual introducción de instrumentos de mitigación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de presentar su estudio “Examen de Instrumentos Económicos para la Fijación de Precios al Carbono” en el que se adentra en las experiencias habidas en el ámbito americano, valorando su eficacia y eficiencia económica, y prestando especial atención a los casos de Brasil, México, Chile y Costa Rica.
La consecución de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), comprometidos en las diferentes Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC por sus siglas en inglés), requerirá de reformas de calado en las políticas vigentes. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consciente de la necesidad de contribuir en la definición e implementación de políticas efectivas, se ha elaborado el presente estudio que pretende ser una referencia en la introducción de instrumentos para la asignación de precios al carbono en los países de América Latina y el Caribe (ALC).
Tras un primer apartado específico para revisar desde una perspectiva teórica los diferentes instrumentos para la mitigación del cambio climático y su fundamento económico, el estudio presenta un enfoque eminentemente aplicado, aportándose una revisión amplia y exhaustiva de las experiencias nacionales relativas a la utilización de instrumentos de precio al carbono en diversos países del mundo, se identifican mejores prácticas y lecciones aprendidas. En el apartado final, se examinan por separado, y con mayor detalle, cuatro casos de países de la región de América Latina y el Caribe que han o se encuentran avanzando en esta materia (Brasil, México, Chile y Costa Rica).
La elección de estos países radica en la diversidad de instrumentos utilizados por cada uno de ellos, a partir de enfoques e implementaciones no siempre coincidentes. En el caso concreto de Brasil se ha implementado una combinación de instrumentos de comando y control y de mercado desde la década de 2000 que ha logrado reducir las emisiones totales nacionales de GEI en aproximadamente un 41% entre 2005 y 2012. La relevancia de México radica en la introducción de un impuesto al carbono, impulsándose en estos momentos un mecanismo de comercio de emisiones. De forma similar a México, Chile introdujo en 2014 un impuesto a las emisiones de fuentes fijas como parte de una reforma impositiva más amplia, con la particularidad que la carga impositiva varía según el contaminante y el distrito municipal. Finalmente, en el caso concreto de Costa Rica el recorrido en este tipo de instrumentos es más amplio, habiéndose desarrollado e implementado a lo largo de las dos últimas décadas iniciativas diversas tales como impuestos al carbono o un mercado del carbono de carácter voluntario.
Tras el análisis de las experiencias a nivel regional y los casos particulares de las cuatro economías latinoamericanas, el estudio apunta sus principales conclusiones. En este sentido, se apunta que es clave avanzar en una secuencia de políticas que comience por la remoción de subsidios a los combustibles fósiles y a las actividades que generen emisiones significativas, siga con la concesión de incentivos a las energías limpias a fin de volverlas factibles y competitivas, continúe con la evaluación e introducción de modificaciones (regulatorias y tarifarias) necesarias para alcanzar la consistencia de políticas a nivel nacional en términos de energía y cambio climático así como con la corrección de las imperfecciones de mercado existentes y finalice con la introducción de un mecanismo de fijación de precios al carbono. No obstante, también se apunta que la fijación de precios al carbono no parece ser, per se, suficiente para inducir acciones de mitigación al ritmo y las escalas requeridas, siendo preciso complementar esa política con marcos regulatorios consistentes y políticas sectoriales específicas (estándares, inversión pública en infraestructura energética y de transporte, planificación urbana, eficiencia energética, control de la deforestación, I&D, medidas financieras para reducir el riesgo de las nuevas tecnologías…), si realmente se pretende avanzar de forma decidida en la descarbonización de la economía.
