Mayo de 2015 – Informe de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental
La Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre, de Eficiencia Energética 1 (en adelante, DEE) es el instrumento normativo que concreta el objetivo de reducción de consumo de energía en un 20% acordado en el marco de actuación en materia de energía y clima en la Unión Europea (UE) para 2020.
Configura, junto con las Directivas de eficiencia en los edificios, de ecodiseño y de etiquetado energético, así como los Reglamentos por los que se fijan estándares de emisiones de CO2 para los turismos y los vehículos comerciales ligeros nuevos, uno de los sistemas regulatorios más avanzados en materia de eficiencia energética en el mundo, reflejando el papel central que desde la UE se ha concedido a la eficiencia energética para la consecución de sus objetivos de política energética y de lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, la DEE, quizá como resultado de la laboriosa negociación política que precedió a su aprobación, contiene ciertos elementos de inflexibilidad que penalizan especialmente a los países que, como España, más severamente han sufrido las consecuencias de la crisis económica, hasta el punto de lastrar sus posibilidades de recuperación.
Adicionalmente, la forma en que se ha transpuesto en España la obligación de establecer un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética resulta excepcional en varios de sus elementos definitorios en comparación con otros Estados miembros, agravando innecesariamente los esfuerzos para mejorar la eficiencia energética en España.
En este documento se pone de manifiesto, de forma argumentada, tanto la inflexibilidad del marco regulatorio europeo, como la excepcionalidad de algunas de las alternativas elegidas por el legislador español en el proceso de transposición de la DEE, las cuales separan a nuestro país de las mejores prácticas implantadas en la UE para la consecución de los objetivos de eficiencia energética.
