Uno de los mayores retos actuales en materia de cambio climático pasa por transformar Europa en una economía hipocarbónica y de alta eficiencia energética. Lograr este ambicioso objetivo exige del despliegue de políticas públicas facilitadoras de la transición energética y orientadas a incentivar las energías limpias y la eficiencia energética. En este sentido, la publicación “Tracking climate policies in European Union Countries” de la European Environmental Agency (EEA) presenta una primera revisión de las más de 1.500 medidas e iniciativas en vigor a nivel europeo, poniendo el énfasis en la necesidad de seguir avanzando en el análisis de la efectividad de dichas políticas.
La Unión Europea (UE), en su lucha global contra el cambio climático y para hacer frente a los compromisos adquiridos el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, acordó la estrategia en materia energética y ambiental denominada 20/20/20. Este fue el primer conjunto de medidas climáticas y energéticas de la UE que establecía tres objetivos relevantes, el 20% de la energía final tenía que proceder de fuentes renovables, una mejora de la eficiencia energética en un 20% frente al escenario tendencial y una reducción las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%. En este contexto, la UE desarrolló una serie de nuevas Directivas conocidas como “Paquete Verde”. Más recientemente en 2016, la Comisión Europea presentó una nueva y ambiciosa propuesta legislativa denominada Clean energy for all Europeans que tomó como punto de partida los compromisos ambientales del acuerdo de París de mantener el calentamiento por debajo de 2°C. La nueva directiva se estructura en torno a tres objetivos fundamentales: priorizar la eficiencia energética, convertir la UE en líder mundial en el terreno de las energías renovables, y finalmente, ofrecer un trato justo a los consumidores de energía.
Bajo el paraguas de esta nueva política energética, son múltiples las iniciativas que se han puesto en marcha. En particular, más de 1.500 políticas y medidas nacionales han sido adoptadas, implementadas o se están planificando en el contexto de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr objetivos energéticos y de cambio climático. Sin embargo, la evidencia cuantitativa sobre la efectividad y sus costes económicos asociados sigue siendo insuficiente, en la medida que gran parte de estas medidas no conllevan análisis de impacto ex ante o ex post. La propia Agencia Europea Medioambiental (EEA) resalta en su estudio “Tracking climate policies in European Union Countries” la necesidad de dedicar más recursos y esfuerzos en disponer de un sistema robusto que permita monitorizar las distintas acciones climáticas que llevan a cabo los gobiernos de los Estados miembros y que, al mismo tiempo, facilite examinar su efectividad. Con todo ello se podrá asegurar que los compromisos establecidos por la UE realmente se ponen en práctica y se traducen en unos resultados visibles. Además, estos sistemas de monitorización deben permitir detectar posibles desvíos y definir los esfuerzos adicionales necesarios.
Adentrándonos propiamente en la naturaleza de las medidas adoptadas, destacar que la gran mayoría están orientadas a la eficiencia energética en los edificios, al despliegue de las energías renovables, al cambio a combustibles bajos en carbono o a la promoción de los vehículos eléctricos y la eficiencia energética. Por otro lado, la mayoría de las políticas o medidas utilizadas son económicas (subsidios o tarifas de alimentación) o instrumentos reguladores (estándares de eficiencia energética).
