El artículo, publicado por Energy Research & Social Science, aborda la urgente necesidad de reformar la planificación de la infraestructura de gas en Europa para alinearla con los objetivos climáticos.
La Unión Europea ha establecido como meta la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90 % para 2040. Para alcanzarla, la demanda total de combustibles gaseosos, incluidos el hidrógeno y el biometano, debe disminuir entre un 71 % y un 73% entre 2019 y 2050. Sin embargo, la planificación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de gas en Europa no está alineada con estos objetivos climáticos, ya que los marcos regulatorios nacionales favorecen los intereses de los operadores de distribución de gas en lugar de promover proactivamente la reducción de la demanda de gas fósil.
Los autores sugieren una reforma de las regulaciones de la red de gas para alinearlas con los objetivos climáticos. Para ello, es necesario superar la inercia institucional y las prácticas culturales arraigadas que constituyen obstáculos clave para los cambios sustanciales que se requieren. Entre estos obstáculos se encuentran la falta de coordinación entre la planificación de la red de gas y las estrategias de calefacción, así como la ausencia de marcos normativos claros para el desmantelamiento de las redes de gas.
En este sentido, el articulo señala la necesidad de coordinar la red de gas y la planificación de la calefacción especialmente respecto a los combustibles alternativos como el hidrógeno y el biometano. Se deben impulsar estrategias generalizadas como la depreciación acelerada de los activos de gas y la incorporación de los costes de desmantelamiento en los cargos de la red que debe ajustarse a los objetivos y plazos de descarbonización. Sin este enfoque integral, los sistemas continuarán siendo ineficientes, costosos y contrarios a los intereses a largo plazo de los consumidores y del medio ambiente.
La investigación también revela que algunos países enfrentan problemas específicos. En Austria, Italia y el Reino Unido, no existen propuestas claras para el desmantelamiento de las redes a mediano y largo plazo, y la normativa no permite restringir el acceso a la red ni desconectar a los consumidores a menos que se solicite. Además, estos países se caracterizan por la adopción de largos períodos de amortización que son contrarios a los objetivos climáticos. Alemania también sufrió este problema durante mucho tiempo, pero los cambios recientes permitieron una depreciación acelerada en el contexto de la caída de la demanda de gas.
Por otro lado, algunos países cuentan con regulaciones que favorecen los objetivos climáticos. En efecto, la regulación de la red en los Países Bajos establece que los costes dependen del uso de la red y las futuras caídas de conexión. Por su parte, Dinamarca planea eliminar gradualmente la calefacción de gas para 2030, con compensación por los costes de desmantelamiento, mientras que el Reino Unido sigue invirtiendo en infraestructura a pesar de la disminución de la demanda y la reciente aceptación de la depreciación acelerada para la nueva infraestructura de la red de gas.
Finalmente, los investigadores concluyen que los políticos deben promover regulaciones integrales y a largo plazo que favorezcan el desmantelamiento de las redes de gas, protejan a los clientes vulnerables y fomenten la colaboración intersectorial entre la planificación de redes de calefacción y gas. Estas reformas permitirán conectar la infraestructura de gas con la urgente necesidad de acción climática.
