El Council of European Energy Regulators (CEER) y la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) presentan un nuevo informe de seguimiento de un año especialmente convulso para consumidores de energía y mercados minoristas de la Unión Europea (UE).
El año 2022 ha venido marcado por la recuperación socioeconómica de la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania, dando lugar a un panorama acentuado por grandes aumentos en los precios mayoristas de la energía que han sido trasladados a aumentos en el precio minorista de la energía en las facturas de los clientes.
En este contexto, el informe de seguimiento destaca que los precios minoristas de la electricidad y el gas aumentaron significativamente en respuesta a los aumentos de los precios mayoristas. Sin embargo, las tendencias de los precios variaron significativamente entre los Estados miembros. El informe recuerda que, a pesar de las recientes reducciones de los precios mayoristas de la electricidad, los precios al usuario final están disminuyendo a un ritmo más lento.
Asimismo, pone de relieve la actuación de los gobiernos para proporcionar medidas de urgencia para apoyar a sus clientes domésticos e industriales. Las estimaciones sitúan el coste de estas medidas en unos 646.000 millones de euros. También se resalta, como lección importante de 2022, la necesidad de orientar más las medidas de apoyo e incentivar la reducción del consumo de energía. En cuanto a la demanda energética, el informe muestra que la crisis provocó reducciones de la demanda, especialmente entre los clientes industriales. Por el contrario, la demanda de energía en el sector doméstico no se vio muy afectada por la crisis energética.
Finalmente, en cuanto a las facturas de los consumidores y las herramientas de comparación se advierte que no cumplen los criterios establecidos en la legislación de la Unión Europea. De hecho, se enfatiza que en muchos mercados se puede mejorar el suministro y la disponibilidad de información.
Para dar solución a todos estos desafíos, el informe presenta una serie de recomendaciones que incluyen una lista de posibles medidas de apoyo específicas por las que los Estados miembros podrían optar en el futuro y la necesidad de seguir desarrollando herramientas de comparación para cumplir con los estándares requeridos para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas.
