La segunda sesión del Ciclo de Economía Circular de Funseam puso el foco en el desarrollo de nuevos mercados y en la competitividad de los productos basados en la bioeconomía.
Joan Batalla señaló que, en esta segunda sesión, el foco se trasladaba al papel de los mercados en el despliegue de los nuevos productos: “El desarrollo de mercados para productos basados en la bioeconomía constituye un elemento clave para acelerar la transición hacia modelos productivos más sostenibles y menos dependientes de recursos fósiles.”
Batalla subrayó que la consolidación de estos mercados requería estimular la demanda, generar confianza en los consumidores y facilitar marcos regulatorios que favorecieran la innovación y la comercialización. Además, contribuyen a la competitividad industrial, la generación de empleo y el liderazgo tecnológico.
La bioenergía como paso hacia una economía circular biobasada
Eric van den Heuvel presentó IEA Bioenergy, un programa de colaboración tecnológica creado bajo el marco de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que opera desde hace más de 50 años. Con presupuesto y objetivos propios, actualmente integra a 25 países más la Comisión Europea, incluida España, que se incorporó como miembro a comienzos de 2026. El programa trabaja a través de tasks y proyectos estratégicos que cubren toda la cadena de valor, desde el recurso hasta el despliegue en mercado, con la participación de más de 200 expertos en todo el mundo.
Van den Heuvel destacó cuál era la visión del programa: “Creemos que la bioenergía moderna puede ser esencial para más energía renovable, y también forma parte del desarrollo hacia una economía circular de base biológica.”
El ponente aportó datos sobre el papel de la Unión Europea como bioeconomía ya en marcha. En la Unión Europea se utilizan cada año alrededor de 1.000 millones de toneladas de materia seca de biomasa, el 70 % de la cual procede del sector agrícola. El uso total asciende a 1.200 millones de toneladas gracias al aprovechamiento de residuos de industrias y hogares. No obstante, remarcó que el consumo energético europeo seguía siendo mayoritariamente de origen fósil.
Van den Heuvel situó el nuevo marco estratégico europeo para una bioeconomía competitiva y sostenible, publicado por la Comisión Europea en 2025, como una evolución de las estrategias previas de 2012 y 2018. En esta nueva etapa, el foco estaba puesto en escalar la innovación, abrir nuevos mercados para materiales de base biológica y garantizar un suministro sostenible de biomasa. Cerró su intervención con una idea central de su presentación: “Nuestra experiencia actual con la biomasa para energía puede actuar como un paso intermedio para establecer sinergias más amplias.”
Tres casos de desarrollo de mercado
La segunda parte de la sesión se desarrolló en forma de una mesa redonda, moderada por el periodista David Page. Los tres ponentes presentaron casos concretos de actuación empresarial en el ámbito de la bioeconomía y la economía circular, antes de dar paso a un turno de debate y preguntas del público.
Ana Parejo, responsable de Derecho Público y Regulatorio de Genia Bioenergy, repasó la evolución del marco regulatorio de la bioeconomía, desde la Estrategia Europea de la Bioeconomía de 2012, centrada en investigación e innovación, hasta la actualización de 2018, que introdujo la circularidad y la seguridad alimentaria, y el nuevo marco estratégico de 2025, orientado a la escala industrial y de mercado.
En España, explicó, no existe una ley única de bioeconomía, sino un marco transversal que combina normativa de residuos, energía y agricultura, con el añadido de la dispersión regulatoria entre las 17 comunidades autónomas.
Sobre Genia, detalló el proceso de su modelo: los residuos y subproductos de la ganadería, la agricultura y la industria agroalimentaria se someten a digestión anaerobia para producir biogás, que mediante un proceso de upgrading se convierte en biometano apto para inyectarse en la red gasista. El proceso genera además material digerido, que se aplica al campo como nutriente agronómico bajo criterios de trazabilidad. Parejo resumió el modelo en cuatro conceptos: circularidad, transformación industrial, mercado y territorio.
En su intervención también identificó las barreras del sector que, según su punto de vista, eran la regulación y tramitación de permisos, por la falta de coordinación entre administraciones; las infraestructuras de conexión a las redes gasista y eléctrica; el suministro estable y trazable de materias primas; y la gestión del digestato. A ello se sumaba la aceptación social, con proyectos que en ocasiones encontraban resistencia en los municipios. “El mensaje que queremos mandar desde Genia es que se pasa del residuo al recurso, un modelo circular en el que energía, nutrientes y territorio forman parte del mismo proceso.”
Jon Macías, Chief Commercial & Marketing Officer de Edison Next Spain, integrada en el grupo EDF, presentó dos casos concretos del sector agroalimentario. En la fábrica de Leche Pascual en Aranda de Duero, con la que la empresa colaboraba desde hacía más de 12 años, el ahorro económico conseguido en la última década rondaba los 6 millones de euros. La compañía había anunciado un nuevo plan de inversión de unos 18 millones de euros distribuido en varios vectores: agua, una planta de biometano que comenzaría a verter biogás en febrero de 2027, biomasa, continuidad en eficiencia y una línea de aprovechamiento de bioCO₂. El objetivo declarado era alcanzar cero emisiones netas en la fábrica en 2027.
En el caso de Reny Picot, en Asturias, la intervención se centró en el vector térmico y la gestión de aguas residuales industriales (EDARI), con una reducción del consumo energético estimada en 13 GWh mediante eficiencia, digitalización y valorización energética.
Macías insistió en que la medida de éxito de estos proyectos no era las toneladas de CO₂ evitadas, sino su traducción económica: “La energía se mide en euros ahorrados, no en kilovatios.”
María Solís, gestora de Expansión de Producto de Fundación Repsol, presentó Motor Verde, la iniciativa de reforestación a gran escala en la península ibérica impulsada junto con Grupo Sylvestris. Desde su inicio en 2022, el proyecto había restaurado más de 9.000 hectáreas, con una estimación de absorción de 2,9 millones de toneladas de CO₂ equivalente a lo largo del crecimiento de las masas forestales. En el ámbito social, había generado más de 3.400 empleos y formación para más de 800 personas, con entre el 70 % y el 80 % del gasto de cada proyecto ejecutado localmente.
Según explicó, “no se trata solo de plantar árboles, sino también de generar oportunidades de empleo y dinamizar la economía rural”.
Solís explicó que Motor Verde articulaba la confianza del proyecto en tres pilares: diseño y ejecución adaptados a cada territorio; medición y verificación a través de la Oficina Española de Cambio Climático, con auditorías cada cinco años; e innovación forestal, con monitorización satelital y detección temprana de riesgos.
Las empresas podían vincularse al proyecto de tres formas: apoyando la restauración sin compensación de huella asociada, compensando total o parcialmente su huella de carbono registrada mediante créditos de bosques españoles o adquiriendo la titularidad de un proyecto de absorción, con los derechos de carbono generados y por generar.
Afrontar el rechazo social
En el turno de preguntas, los tres ponentes coincidieron en señalar el rechazo social como uno de los principales obstáculos para escalar los proyectos, aunque con matices. Jon Macías subrayó que la oposición, aunque minoritaria, tenía más capacidad de movilización que el apoyo mayoritario.
Ana Parejo coincidió en que el rechazo al biometano se basaba a menudo en la desinformación y explicó que Genia trabajaba la transparencia llevando a los municipios a conocer plantas ya construidas. María Solís matizó que, en el caso de Motor Verde, la barrera principal no era tanto la aceptación social como los largos plazos de los proyectos forestales, de entre 30 y 50 años, que exigían un compromiso empresarial a largo plazo poco habitual.
Preguntada sobre la comparación internacional, Ana Parejo aportó datos sobre el desarrollo del biometano en España: el biogás representaba entonces el 0,1 % del consumo nacional de gas y, hasta hace unos meses, el país contaba con solo 12 plantas de biogás, el 70 % de ellas de un mismo grupo, frente a las miles de existentes en países como Francia, Italia o el norte de Europa. En ese momento había en torno a 18 plantas de biometano en marcha en España, una cifra sensiblemente inferior a la de Alemania o Austria.
María Solís situó el mercado español de compensación de carbono como más pequeño y menos líquido que los mercados internacionales, donde operaban estándares como Verra o Gold Standard y participaban grandes compradores de créditos, como empresas tecnológicas. Sobre el registro español, detalló que contaba con unas 20.000 huellas de carbono registradas en el Ministerio para la Transición Ecológica y algo más de 1.000 proyectos de absorción, aunque solo un 7 % de las huellas registradas contaba con compensación.
Solís añadió que un real decreto publicado en 2025 introducía la obligación de calcular y publicar la huella de carbono para las empresas ya sujetas a la normativa de información no financiera, si bien el registro en el MITECO y la compensación seguían siendo voluntarios.
Preguntado sobre los indicadores para medir el éxito de una estrategia de bioeconomía, Jon Macías defendió trasladar el análisis a términos económicos antes que a alcances de emisiones: “La competitividad es la palabra del futuro, no la sostenibilidad.”
