El estudio “Consumer protection mechanism during the current and future periods of high and volatile energy prices”, publicado por la Florence School of Regulation, examina los diferentes mecanismos de protección del consumidor frente al reciente aumento de los precios de la energía.
Dado el actual contexto de volatilidad en los precios, la Comisión Europea ha confirmado su intervención para fijar los precios minoristas a fin de que los Estados miembros cumplan sus objetivos políticos y garanticen el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos los consumidores. De este modo, muchos gobiernos han introducido medidas de emergencia para reducir el impacto sobre las facturas de luz y gas; desde reducciones de impuestos y otros gravámenes (Bélgica, Alemania, Italia y España), hasta la imposición de topes de precios o congelaciones de precios (Francia).
Otra de las medidas destacadas es la concesión a los consumidores de pagos de suma fija para compensar sus facturas de energía, implementada en Bélgica y el Reino Unido. De acuerdo con los autores, esta última estrategia se posiciona como la mejor opción ya que permite proteger a los consumidores más vulnerables sin debilitar los incentivos para ahorrar energía.
Los autores señalan que el reembolso de una parte de la factura a los consumidores más vulnerables es la medida óptima de protección al consumidor. De este modo, se les otorga el derecho a solicitar dicho reembolso en caso de no poder pagar sus facturas de energía. En este escenario, los reembolsos se concederían a nivel de hogar y se calcularían según un nivel de referencia de las necesidades energéticas básicas o las necesidades energéticas estándar del hogar (por ejemplo, utilizando el consumo pasado como base).
