Desde diferentes ámbitos, tanto el social, como político y empresarial, existe una creciente preocupación por un aspecto particular de la pobreza de la población, que se manifiesta en forma de pobreza energética.
El presente informe Funseam sobre la pobreza energética en España tiene el triple objetivo de contextualizar el problema dentro del marco institucional español, resumir el análisis aplicado que cuantifica y evalúa los determinantes de esta vulnerabilidad -incluido en el libro de la Fundación Naturgy “La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos” elaborado por María Teresa Costa-Campi, Elisenda Jové-Llopis y Elisa Trujillo-Baute-, y finalmente, sintetizar los objetivos, ejes y líneas de actuación recientemente diseñados para afrontar esta problemática y que están incluidos en la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 2019-2024.
Se desprenden cuatro grandes mensajes del análisis aplicado al caso español, que deben tenerse en consideración con el fin de hacer un seguimiento continuado de la evolución de la pobreza energética, sus características y determinantes para poder mejorar las acciones de actuación. Primero, la pobreza energética es un fenómeno asociado a la renta disponible de las familias, en donde el nivel educativo, la situación de desempleo y el género femenino del sustentador principal (familias monoparentales o unipersonales) son determinantes de la pobreza energética, observándose notables diferencias entre las CC.AA. Segundo, la pobreza energética debe abordarse a través del sistema general de protección social, y los mecanismos para proteger a los consumidores deben elaborarse en el marco del sistema de bienestar general. Necesidad de una reflexión profunda sobre cómo afrontar la pobreza energética con políticas públicas de corte trasversal que actúan sobre los principales determinantes vinculados a la renta de los hogares y a la eficiencia energética. Y cuarto, que afrontar la pobreza energética no es posible sin la estrecha participación de todos los agentes vinculados, en donde especial atención requiere la cooperación entre empresas de sector y las entidades públicas.
