El informe de la Florence School of Regulation aborda la brecha entre el nivel de compromiso que los Estados miembros están dispuestos a asumir y los objetivos que la UE debería conseguir en materia de inversiones en eficiencia energética y energía renovable para la consecución de los objetivos climáticos.
Los ciudadanos y la industria europea apuestan por un suministro de energía asequible, seguro y sostenible, sin embargo, los Planes Nacionales de Energía y Clima revelan una creciente discrepancia entre las inversiones propuestas a nivel nacional y las aspiraciones conjuntas de la Unión Europea. Para abordar esta brecha, cada vez mayor, los investigadores plantean diversas estrategias de actuación. Entre ellas, insisten en que la Comisión Europea podría impulsar la responsabilidad de los Estados miembros en alcanzar su potencial de inversión nacional en eficiencia energética y energías renovables y fomentar la cooperación multilateral para la infraestructura de red y la flexibilidad. Además, proponen fortalecer la gestión de dependencias globales y reforzar la estructura institucional de la Unión Europea.
Para ello, plantean mejorar determinados instrumentos, y crear otros nuevos. En este sentido, se apuesta por la implementación de un Plan de Energía y Clima de la Unión Europea que permita monitorizar las inversiones realizadas por los distintos Estados miembros y ofrecer recomendaciones de mejora. Asimismo, se expone la modernización de los mecanismos de capacidad, una evaluación mejorada de la Adecuación de los Recursos Europeos más allá de la electricidad, una visión vertical de las redes europeas y un aumento en la financiación y poderes de la Unión Europea para asignar costes entre los Estados miembros.
En cuanto a la reflexión sobre la gobernanza, los investigadores proponen el desarrollo de capacidades para administraciones nacionales, el refuerzo de la ACER, la fusión de entidades de energía como REGRT y ENNOH en una entidad única y la creación de una Agencia de Energía de la Unión Europea con un marco para agencias nacionales. Los autores destacan que reducir el número de entidades puede ayudar a simplificar y fortalecer el marco de gobernanza.
El informe concluye afirmando que los Estados miembros han podido acordar objetivos ambiciosos, sin embargo, es vital seguir debatiendo en profundidad la mejora y creación de instrumentos regulatorios que permitan poder estar a la altura de las ambiciones de energía y clima.
