La crisis económica causada por el estallido de la pandemia del COVID-19 ha provocado un aumento significativo de los hogares en situación de pobreza energética. Gobiernos de todo el mundo han implementado medidas de emergencia para proteger a sus consumidores energéticos más vulnerables. El informe de la Florence School of Regulation (FSR) aborda las principales medidas implementadas, identificando las mejores prácticas.
Aunque las medidas aplicadas en los distintos territorios han sido de naturaleza muy diversa (prohibiciones de desconexión, planes de extensión de pagos, programas de asistencia mejorados, reducción o cancelación de facturas de energía, medidas para autónomos y pymes, creación de fondos y otras medidas de apoyo a proveedores), todas han tenido un elemento en común que ha pasado por asegurar las necesidades básicas de suministro en los hogares ante la exigencia de los gobiernos de un drástico confinamiento.
El informe revela la necesidad de mejorar la orientación de estos programas de ayuda para que se concentren en aquellos hogares económicamente afectados por el brote de la pandemia. Los autores apuntan que las reducciones de la factura de energía o incluso en algunos casos sus cancelaciones para todos los clientes producen grandes errores de inclusión y deben evitarse. Además, los investigadores manifiestan que la ayuda para aliviar la pobreza energética debería canalizarse a través de los programas de asistencia energética ya existentes, ajustando su diseño, si es necesario, a las circunstancias actuales.
Por otro lado, en referencia a los nuevos subsidios (incluidos los planes de exención de pago) se apuesta por considerar no solo los ingresos actuales, siendo para ello necesario tomar en consideración una perspectiva temporal más amplia. Otra de las conclusiones que evidencia el estudio es la necesidad de proponer medidas regulatorias para mejorar el grupo objetivo de cada una de ellas y la importancia de un financiamiento consistente para implantarlas, a fin de que sus costes económicos no afecten a los proveedores de energía en una fase de su actividad económica ya delicada de por sí.
