El Consejo de los Reguladores Europeos de la Energía presenta el segundo análisis de los efectos de la pandemia de COVID-19 en el sector energético. Este informe continúa examinando cómo el sector energético se vio afectado por la pandemia y las medidas que tomaron gobiernos, reguladores y empresas del sector energético para dar respuesta a esta crisis.
Mucho ha cambiado desde la irrupción de la pandemia mundial de coronavirus. Durante 2021, las economías se estaban recuperando y, en contraste con la situación en la primera mitad de 2020, los precios de los productos básicos y de la electricidad se vieron aumentados considerablemente.
Una de las principales conclusiones que arroja el informe es la gran resiliencia que ha demostrado el sector en todo momento. El suministro de energía se mantuvo constante, los operadores de red garantizaron las operaciones esenciales y los consumidores afectados por la pérdida de ingresos o incluso en riesgo de pobreza energética han sido protegidos ante la desconexión. En el caso concreto de España, el informe afirma que los sistemas de electricidad y gas han proporcionado una excelente calidad del servicio y que los consumidores no han sufrido interrupciones o faltantes en su energía suministro.
Por otro lado, ante una crisis sin precedentes, el estudio resalta también la necesidad crucial de recabar información sobre la situación del sector energético. En este sentido, se pone de manifiesto la labor de los proveedores de energía y los operadores de redes en sus esfuerzos de monitoreo del sector y de intercambio de información con otros actores claves del sector energético. La adecuada coordinación y el rápido intercambio de información entre el gobierno, autoridades reguladoras nacionales y la industria, así como con las partes interesadas en países vecinos, han sido cruciales para abordar el impacto de la pandemia en los sectores de electricidad y gas.
Por último, el informe destaca la flexibilidad y adaptabilidad de los reguladores durante la crisis. Las autoridades reguladoras nacionales priorizaron garantizar una regulación estable y aportar certidumbre tanto para los consumidores como para la industria, si bien debieron adaptar algunos plazos u obligaciones y ser rápidos y pragmáticos en sus reacciones.
