El informe de la European Energy Agency (EEA) analiza cómo se aborda la justicia en las políticas en vigor para hacer realidad el Pacto Verde Europeo.
Uno de los objetivos fundamentales del Pacto Verde Europeo es alcanzar, para el año 2050, una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI). Al mismo tiempo, la Unión Europea fomenta una sociedad más sostenible, justa y próspera. Sin embargo, el proceso de descarbonización puede afectar a ciertos grupos sociales y regiones europeas de forma desproporcionada. Entre los principales perjudicados, el informe insiste que se encuentran las personas en riesgo de pobreza energética y de transporte, las regiones que dependen de industrias basadas en combustibles fósiles, la comunidad agrícola que se está adaptando a prácticas más sostenibles y los jóvenes que sufren los impactos de la crisis climática. En este contexto, resulta elemental ponderar la justicia para abordar estas disparidades y evitar exacerbar las desigualdades existentes o incluso crear otras nuevas.
Para evaluar las políticas que promueven las transiciones hacia la sostenibilidad respecto a la cuestión de la justicia, la European Environment Agency considera tres dimensiones clave. La primera es la justicia distributiva, que se refiere a la asignación de costes y beneficios en la sociedad. La justicia procesal que abarca la igualdad de acceso y participación en la toma de decisiones. Finalmente, la justicia de reconocimiento que se asocia con el respeto, compromiso y consideración justa de diversas culturas y perspectivas.
Los investigadores sostienen que la justicia en las transiciones hacia la sostenibilidad comprende los efectos económicos y sociales regresivos de las políticas climáticas y ambientales. Sin embargo, también resaltan la necesidad de una representación inclusiva y justa en el proceso de toma de decisiones y en términos de procedimientos y prácticas, así como el reconocimiento de la dignidad, los valores, las identidades y las capacidades de las personas y los grupos sociales.
Ahora bien, pasar de la teoría a la práctica resulta un desafío. Por ello, el informe ofrece preguntas orientativas y recomendaciones clave para que los responsables de las políticas mejoren su comprensión y ejecución de las transiciones justas. Se trata de un análisis multidimensional sobre la forma de abordar la justicia en las transiciones de sostenibilidad en las principales estrategias y políticas sectoriales a nivel de la Unión Europea, junto con lecciones extraídas de estudios de casos a nivel nacional, regional y municipal.
En tal sentido, el informe señala que es preciso adoptar un enfoque holístico, intersectorial y coherente para promover una transición justa en las políticas. Además, teniendo en cuenta las complejidades de los procesos, se deben considerar los contextos locales y equilibrar los intereses particulares con objetivos más amplios de sostenibilidad y equidad.
Asimismo, la investigación sugiere que el desarrollo de capacidades y la participación son parte integral de las transiciones justas. Las políticas de sostenibilidad deben promover que los encargados de la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno movilicen recursos garantizando que todos los ciudadanos puedan participar en la formulación de políticas y participar en la transición, en especial los grupos vulnerables.
Los autores también fomentan prácticas alternativas sostenibles y accesibles para todos. Es decir, las políticas actuales orientadas a la oferta deben complementarse con medidas ambiciosas orientadas a la demanda para encaminar el consumo en una dirección sostenible. En efecto, la Unión Europea está incentivando un consumo más sostenible y circular a través de diferentes programas, como el nuevo plan de acción de economía circular publicado en 2020 y las políticas posteriores específicas de sectores o productos, tales como la estrategia sobre textiles sostenibles y circulares publicada en 2022 y el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles.
Por último, se advierte que para mantener el rumbo y defender los principios de justicia, Europa debe establecer sistemas sólidos de seguimiento, evaluación y ajuste de las políticas en función de la evolución de las necesidades sociales y de los nuevos conocimientos.
