El precio del CO2 en el mercado europeo de derechos de emisión (ETS por sus siglas en inglés) cotiza por debajo del nivel óptimo para la consecución de los ambiciosos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero planteados con el horizonte del año 2040. Frente a esta realidad, diferentes gobiernos están implementando distintas iniciativas encaminadas a garantizar un precio mínimo de la tonelada de carbono – Carbon Price Floor (CPF) -. Este trabajo de la Universidad de Cambridge analiza el impacto de un sistema CPF a nivel europeo y británico, prestando especial atención a los pormenores de su diseño si se desea garantizar la efectividad de una medida de este tenor.
El comercio de derechos de emisión es un instrumento de mercado mediante el que se crea un incentivo positivo o negativo encaminado a que los agentes económicos internalicen en sus decisiones el coste asociado a la externalidad negativa ocasionada por las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Actualmente existen mercados de emisiones que operan en distintos países y que afectan a diferentes gases, siendo el más ambicioso hasta la fecha el correspondiente a la Unión Europea, que puso en marcha su mercado en el año 2005.
A nivel europeo, el precio de la tonelada de CO2 se encuentra muy por debajo de los ambiciosos objetivos planteados por la UE en materia de emisiones de carbono– objetivo de reducción del 40% para 2030-. El mercado de CO2, la principal herramienta de la UE para combatir el cambio climático, ha cotizado desde 2010 entre los 5 y los 10 euros la tonelada. Ante esta realidad, países como el Reino Unido introdujeron en 2013 un precio de carbono suelo o mínimo (CPF) para su sector eléctrico. El nuevo gobierno holandés ha hecho un compromiso similar, mientras que desde el gobierno francés se aboga por la implementación de una medida como ésta, pero de forma coordinada y armonizada a nivel comunitario.
En su estudio, los autores miembros del Cambridge Energy Policy Research Group, se centran en el análisis del impacto que podría tener a nivel europeo una medida de esta naturaleza para el caso concreto del sector eléctrico, prestando especial atención a su incidencia en términos de competitividad en la industria comunitaria en sus flujos comerciales con el exterior. Tras una revisión detallada de las experiencias habidas a nivel europeo – Holanda, Francia, Alemania – así como a nivel internacional – Canadá, EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, China -, el estudio se adentra en los fundamentos económicos de una medida encaminada a fijar un precio mínimo en la cotización de la tonelada de CO2 en los mercados y su interacción con el resto de políticas climáticas. Entre las conclusiones que se derivan, los autores apuntan la reducción de la volatilidad en la evolución del precio y la creación de las señales oportunas a la inversión económica en proyectos sostenibles.
