El artículo “Forecasting the COVID-19 effects on energy poverty across EU member states”, publicado en la revista Energy Policy, examina los efectos que la pandemia va a tener en el nivel de pobreza energética en los próximos años con el fin de identificar los países de la Unión Europea más afectados y el tiempo necesario para paliar esta problemática que afecta a colectivos sociales cada vez mayores.
Los resultados de esta investigación muestran que el aumento de la incidencia de los hogares pobres energéticos debido al empeoramiento de las condiciones económicas, sociales, ambientales y energéticas observado en el marco actual se reabsorberá muy lentamente y, en cualquier caso, con diferencias sustanciales entre los países, ampliando aún más la brecha entre los países con bajos niveles de pobreza energética y aquellos con mayor incidencia.
Las medidas de confinamiento han llevado a las economías de la Unión Europea a fases de recesión que han provocado la pérdida de puestos de trabajo en muchos sectores. Los investigadores demuestran que aquellos países con una estructura industrial más débil o más dependientes de sectores como transporte y logística y turismo sufrirán los peores efectos, con un claro impacto en el nivel de pobreza energética. Según las previsiones a corto plazo, para 2022, Bulgaria, Grecia, Letonia e Italia soportarán los peores resultados en términos de pobreza energética.
Por otro lado, la pandemia ha creado nuevas oportunidades laborales en otros sectores, como el servicio público, los productos farmacéuticos y los medios de comunicación, lo que ha permitido mejores perspectivas para varios países. Este es el caso de Irlanda, Eslovaquia, Holanda y Suecia, para los que se espera una mejora en las condiciones de pobreza energética a corto plazo. Para el caso específico de España, el estudio estima que se recuperará los niveles de pobreza energética previos a la pandemia en 2022, no estando entre los países con peores consecuencias a largo plazo.
La investigación concluye resaltando la necesidad de diseñar intervenciones específicas para cada país para evitar mayores aumentos de las desigualdades existentes, apuntando las acciones de mejora del sistema de bienestar y la creación de empleo como principales ámbitos de actuación de los responsables políticos para mitigar la pobreza energética.