El Reino Unido ha jugado un papel destacado en la promoción de la innovación en tecnologías de bajas emisiones y en eficiencia energética para cumplir con los objetivos climáticos. Un proceso de transición energética no exento de costes económicos, centrándose el estudio Funding a Low Carbon Energy System: a fairer approach? en sus efectos distributivos. Este estudio, elaborado por el United Kingdom Energy Research Centre (UKERC), analiza el impacto de las políticas de transición energética sobre los hogares, demostrando que los hogares pobres son los que soportan un mayor peso en su financiación.
Las políticas que promueven las energías renovables y la eficiencia energética en el Reino Unido se financian a través de los impuestos que se aplican a las facturas de la electricidad y el gas, tanto a domésticos como a empresas. Este estudio elaborado por el UKERC pone de manifiesto cómo la actual configuración de los impuestos para financiar las políticas de transición energética hace que éstos recaigan proporcionalmente en mayor medida sobre los hogares menos favorecidos. Este efecto se magnifica si se considera el componente energético implícito en los productos que consumen y el hecho que la financiación de los programas provenga exclusivamente de las facturas.
En concreto, el coste de las políticas energéticas financiado a través de las facturas de los hogares alcanzo los 6.500 millones de libras con los que se financiaron el Renewable Obligation Scheme (58%), los Contract for Differences (2%), el Feed-in Tariff (18%), “Eficiencia Energética para hogares pobres” (12%), descuentos para familias pobres (5%) y la introducción de Smart Meters (5%). De estos ingresos, una parte retorna a los hogares con menos recursos en forma de mejoras en proyectos de eficiencia energética (EE) o en forma descuentos y bonificaciones al consumo (17% del total).
A pesar de esto, el estudio destaca que financiar estas políticas a través de impuestos sobre las facturas energéticas de los hogares tiene un resultado regresivo. Los hogares ricos utilizan 4 veces más energía que los hogares pobres, pero sólo pagan 1,8 veces más el coste de las políticas energéticas debido al consumo indirecto de energía. Aun descontando lo que reciben de vuelta a través de los programas de EE y de descuentos, el resultado continúa siendo desfavorecedor llegando a destacar incluso que los hogares más desfavorecidos están autofinanciando estas políticas.
A efectos de paliar estos efectos, los autores plantean dos posibles alternativas. La primera consistiría en que todo el coste de las políticas se cargara sobre las empresas y que éstas transfirieran el coste a los productos y servicios. En este caso, se equilibran los resultados, pero continúa siendo regresivo. La segunda alternativa consistiría en la financiación de las diferentes políticas energéticas vía impuestos generales. El resultado en este caso sería progresivo puesto que los hogares de mayor renta pagarían más por las políticas con una mayor contribución en su financiación.
