La eficiencia energética representa uno de los principales ejes estratégicos de la política energética de la Unión Europea, no únicamente por lograr un abastecimiento de energía sostenible, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o mejorar la seguridad del suministro, sino también por impulsar la competitividad de los países miembros. En este sentido, el estudio The Adverse Effect of Energy-Efficiency Policy publicado en la Fondazione Eni Enrico Mattei se centra en analizar los efectos de las políticas públicas de eficiencia energética en la reducción de la demanda de energía.
Los hogares representan una parte significativa del consumo total de electricidad y, en general, una de las vías para reducir la demanda de energía final es apuntar directamente a la eficiencia energética de los hogares a través de la implementación de estándares de eficiencia mínima para bienes domésticos duraderos. La implementación de estos estándares mínimos, por un lado, aumenta la eficiencia energética ya que obliga a los hogares que invierten a elegir un dispositivo más eficiente (intensive margin). Por otro lado, evita que otros hogares inviertan, y continúen utilizando los viejos dispositivos menos eficientes (extensive margin). De este modo, el estándar de eficiencia mínima aumenta la eficiencia energética general solo si el primer efecto domina, de lo contrario una política con estas características puede tener consecuencias no deseadas.
Para determinar qué efecto prevalece, se analizan de manera rigurosa los efectos de equilibrio de dicha política a través de la modelización de dos mercados interdependientes (el mercado de la energía y el mercado para un bien de capital doméstico que utiliza energía). Los resultados de esta modelización señalan que la introducción de un estándar de eficiencia mínima aumenta la demanda de capital eficiente y reduce la demanda de energía. En particular, cuando se tiene en cuenta la intensidad de la política, un estándar de eficiencia mínima moderado aumenta la demanda de bienes de capital del hogar y, consecuentemente, mejora la eficiencia y reduce la demanda de energía. En cambio, cuando se trata de una política más estricta, las evidencias indican que estas políticas son menos efectivas e incluso contraproducentes ya que obliga a los hogares a pagar demasiado por la adquisición del nuevo bien en relación con la energía que se minimiza, lo que los disuade de invertir.
