El firme compromiso de los gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero es más que patente; alcanzar esta meta en los próximos años requiere de un gran cambio en el sistema energético europeo y, al mismo tiempo, del compromiso y la participación activa de todos los agentes, es decir, gobiernos, empresas del sector y la ciudadanía, siendo este último grupo primordial para que la transición energética sea exitosa. Existiendo un amplio apoyo público para la transición a un sistema de energía de bajo carbono, asequible y seguro explicado por los múltiples beneficios que se desprenden, este proceso conlleva costes económicos siendo necesario determinar su reparto. El estudio elaborado por UK Energy Research Centre analiza la disposición a contribuir del consumidor.
En un contexto de transición energética resulta relevante conocer las opiniones de la sociedad civil sobre cómo debería financiarse la transición energética ya que este grupo está cada vez más comprometido en el proceso de transición como usuarios de energía, como productores de energía y como agentes activos que pueden apoyar u oponerse a proyectos y políticas energéticas. En este sentido, el Centro de Investigación de Energía del Reino Unido (UKERC) acaba de presentar su informe Paying for energy transitions: public perspectives and acceptability en el que exploran qué responsabilidades asignan los británicos al gobierno, a las empresas energéticas y al público en general para financiar el cambio del sistema energético.
Los resultados del estudio sugieren que la ciudadanía normalmente asigna la responsabilidad del coste de la transición energética a múltiples actores involucrados en la gobernanza de los sistemas energéticos, incluidos el gobierno, las empresas de energía y los residentes actuales y futuros. En este sentido, los británicos no creen que la responsabilidad recaiga únicamente en un actor, sino que debe distribuirse de acuerdo con los roles y competencias apropiados. En concreto, los participantes asignan la responsabilidad principal de pagar la transición energética a las empresas del sector energético y al gobierno ya que consideran que son estos agentes quienes tienen los medios financieros y el poder estructural para efectuar los cambios pertinentes.
No obstante, según los resultados del informe, los encuestados también indican que el público en general debería contribuir al coste de la transición energética, aunque se percibe que el público ya está pagando por encima de las probabilidades (mediante las facturas de las compañías de energía y los impuestos al gobierno). Asimismo, los participantes en la investigación expresan su disposición a aceptar que entre el 9 y el 13% de sus facturas de energía se destinen a impuestos ambientales y sociales.
Otra característica notable que resalta el estudio es que la voluntad de la población británica de contribuir económicamente a la transición energética depende, en gran medida, de su percepción respecto al compromiso real de las empresas de energía y el gobierno con el cambio del sistema energético. En particular, los resultados indican que los participantes se muestran escépticos y no confían en el compromiso energético sostenible de las compañías de energía ni del gobierno. De acuerdo con el estudio, esta desconfianza se basa, por un lado, en que los ciudadanos creen que la mayoría de las empresas energéticas están motivadas principalmente por objetivos económicos que conducen a compromisos inadecuados con respecto a la transición energética y, por otro lado, se considera que el gobierno, y los políticos en particular, están estrechamente relacionados con la industria de la energía, lo que lleva a una regulación inadecuada e ineficaz de las compañías de energía y sus prácticas opacas.
Finalmente, el informe concluye con una serie de recomendaciones para abordar los problemas subyacentes al déficit de confianza, entre las que destacan: un mayor compromiso por parte del gobierno y la industria energética con el cambio del sistema de energía con bajas emisiones de carbono, una mayor transparencia de cómo el gobierno y las empresas energéticas invierten los recursos económicos, la búsqueda de nuevas formas de demostrar de manera creíble que las empresas de energía no están impulsadas únicamente por los beneficios económicos y, por último, para que la regulación sea vista como creíble, robusta y consistente, la demostración de la existencia de una separación más clara entre gobierno e industria energética.
