Las energías renovables están llamadas a jugar un papel clave en la transición hacia una economía descarbonizada. En los últimos años, los compromisos ambientales adquiridos por los distintos países han dado lugar a un rápido crecimiento de las energías renovables en el mix de generación de energía, gracias en gran medida a la implementación de distintos instrumentos de apoyo. Los principales mecanismos de financiación de las tecnologías de energía renovable en la Unión Europea (UE) y los países de América Latina y el Caribe (ALC) constituyen el objeto de análisis comparado del reciente informe elaborado por la Florence School of Regulation (FSR).
La preocupación creciente por el impacto sobre el calentamiento global provocado por las emisiones de gases contaminantes, sumado a la sostenibilidad ambiental, ha configurado una política energética que no se entiende sin la integración de la política ambiental. Sin embargo, para poder incrementar el protagonismo de las energías limpias en el mercado es necesario llevar a cabo elevados esfuerzos en materia de I+D+i con el objetivo de lograr mejoras tecnológicas que den lugar a unas tecnologías renovables cada vez más maduras y competitivas en los mercados. Además, la inversión en proyectos innovadores representa un negocio arriesgado en la medida que conlleva un elevado grado de incertidumbre para las empresas. Al mismo tiempo, el periodo temporal de obtención de resultados económicos, generalmente en nuevas tecnologías como la eólica o la fotovoltaica, es elevado y se materializa a medio y largo plazo.
La conjunción de todos estos factores genera escasos incentivos para que las empresas privadas inviertan elevadas cantidades económicas en tecnologías limpias, especialmente en aquellas menos maduras, justificando la intervención pública a través del diseño y promoción de políticas públicas específicas e instrumentos de apoyo a las energías renovables.
Los principales mecanismos de fomento de las energías renovables son las primas o ayudas a la producción (Feed-in Tariff (FIT) y Feed-in Premium (FIP)), las cuotas con certificados verdes negociables, las subastas o esquemas de licitación y los incentivos fiscales, existiendo a nivel global múltiples aproximaciones a la promoción de las energías renovables a partir de la combinación de estos instrumentos.
Con el objetivo de evaluar desde una perspectiva comparada las experiencias adquiridas a nivel europeo y latinoamericano, la Florence School of Regulation (FSR) acaba de presentar su estudio “Financing the Transition to Renewable Energy in the European Union, Latin America and the Caribbean” centrado en las diferentes prácticas seguidas a la hora de financiar proyectos de naturaleza renovable. El estudio pone de manifiesto la inexistencia de fórmulas magistrales, en la medida que las disparidades existentes en los niveles de desarrollo económico y de infraestructuras de los países dan lugar a importantes diferencias entre las políticas y los instrumentos de financiación aplicadas. A modo de ejemplo, el estudio apunta que si bien los mecanismos feed-in-tariffs fueron un instrumento exitoso para la introducción de fuentes de energía renovables en Alemania, no lo fueron en la misma medida en el caso concreto de Brasil. Por otro lado, las subastas dedicadas a la energía eólica representaron una herramienta adecuada en Brasil, pero no en Argentina. En este sentido, al diseñar una serie de mecanismos de financiación de estas nuevas tecnologías no se puede pasar por alto las diferencias estructurales de cada uno de los países. Esto es especialmente cierto en los países en desarrollo, en los que los mercados financieros son limitados y no presentan el mismo grado de madurez.
A través de una comparativa de tres dimensiones relevantes -los instrumentos públicos para facilitar la participación de capital privado en proyectos de energía renovable, los flujos de tecnología entre la UE y ALC, y la interacción entre flujos de capital y flujos de tecnología-, el presente estudio revela que dada la variedad de condiciones de inversión entre los países, teniendo en cuenta las diferentes características de los mercados financieros, no existe un modelo de financiación única para todos los países.
